Matar al diferente

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El pasado jueves, 8 de noviembre, los grupos políticos PP, Cs y Vox en la asamblea de Madrid unieron sus votos para una proposición no de ley del partido verde con el objetivo de ilegalizar de manera “inmediata” a los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la Nación.

A pesar de lo que pueda parecer, la votación no tiene carácter vinculante ni ejecutivo, según El País, por lo que no tiene efectos prácticos, pero sí una fuerte carga política y social. Los incidentes en Barcelona a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo han dejado una cortina de crispación notable, azuzada desde diferentes espectros ideológicos que ven en las barricadas, los adoquines destrozados, las palizas, los ojos reventados y los cortes de carretera un puñado de votos. Desde una perspectiva alejada del foco mediático, parece impensable que un conflicto autonómico cobre tanta fuerza en el día a día de extremeños, manchegos, madrileños o andaluces. Una situación hiperbólica que a ido sumando de manera constante más y más cargas ideológicas.

La última propuesta no de ley en Madrid es un buen ejemplo de ello. Lejos de buscar efectos prácticos que mejoren los servicios públicos de la capital, se (mal)invierte tiempo en la búsqueda de fórmulas siniestras para unos, mágicas para otros, que ensalcen una suerte de patriotismo enraizado en el odio. Más allá de analizar en sí la propuesta, que va a servir de poco, es interesante observar la representación parlamentaria de los “ilegales” y de los autoproclamados constitucionalistas. En El País Vasco, PP y VOX no obtuvieron representación parlamentaria en las últimas elecciones generales, mientras que el PNV, que es uno de los señalados, obtuvo más del 30% de los votos. En Cataluña, la única representante parlamentaria por parte del PP es Cayetana Álvarez de Toledo; y el de VOX es Ignacio Garriga. la mitad de los votos en la comunidad se la repartieron Esquerra Republicana (ERC) y el PSC, es decir, partidos de izquierdas, unos, con ideología independentista y otros, con ideología nacionalista española. Al mismo tiempo, el todo solucionador artículo 155, que planea sobre la comunidad y que caería como una bomba atómica si de la derecha se tratase, lo único que constató fue que la democracia española está por encima de todo interés partidista, ya que los independentistas siguen gobernando porque la gente así lo decidió.

Todo esto no está reñido con afirmar que la deriva independentista en Cataluña ha generado un monstruo que hay que tratar de adelgazar, primero, para tratar de domarlo, después. Por cierto, en España hay 19 comunidades autónomas, susceptibles de considerarse nación o no, a gusto del ciudadano, que es libre de pensar y sentir lo que le venga en gana. España es un país plurinacional (ojo, dicho por la Constitución), guste o no, con conflictos históricos que no se van a resolver por medio de la mano dura, como así se demostró con una declaración unilateral de independencia, la fuga de un expresidente autonómico a Bélgica o los años de plomo de ETA. Señalar al diferente y culpabilizarlo de todos los males de un país nunca ha dado grandes frutos. Las únicas ocasiones que ha aflorado cierta mejora es cuando ha habido diálogo, porque la política es eso, hablar, hablar y hablar, hasta con el diablo, si hace falta.

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